En caso de sufrir un accidente de tráfico, ante cualquier dolor o molestia debe acudir al centro hospitalario de su confianza para recibir asistencia sanitaria y que sean diagnosticadas adecuadamente las lesiones. Recibir una atención médica adecuada y por profesionales de confianza es fundamental para lograr la sanación o la estabilización de las lesiones sufridas. Para ello es necesario conocer los derechos de los lesionados y la legislación que les ampara.

 

  • Todo lesionado tiene derecho a la libre elección de centro sanitario y de médico para ser atendido de las lesiones. En caso de gravedad son los servicios de Urgencias quienes determinan a que centro de referencia debe derivarse.
  • En la libre elección, se incluyen tanto los hospitales públicos como los privados, ya que este tipo de atención debe ser pagada por las compañías de seguros o el Consorcio de Compensación de Seguros (entidad pública).
  • En el caso acudir a un centro público, el lesionado será tratado como un usuario más del Sistema Público, respetando los procesos de citación, pruebas diagnósticas y lista de espera que corresponde a todos los demás.
  • La atención sanitaria por las lesiones sufridas por un accidente de tráfico no está incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, por lo que hay un tercero obligado al pago. En este caso, el conductor del vehículo culpable del accidente es responsable de los daños causados a personas o bienes. Por ello, está obligado a tener un seguro que cubra la cuantía de los daños causados.
    La cobertura del seguro obligatorio no cubre los daños y perjuicios causados por las lesiones o fallecimiento del conductor causante del accidente. Para ello, debe establecer cláusulas adicionales en la contratación de la póliza.
  • Una vez atendidos por el Servicio de Urgencias, los lesionados de tráfico pueden elegir el centro hospitalario y el médico sigue la evolución de las heridas sufridas hasta su sanación o estabilización.
  • Ninguna compañía ni empresas intermediarias pueden imponer el centro en el que se recibe el tratamiento, ya que es una decisión que corresponde al paciente. Y debe asumir los gastos que correspondan y de transporte sanitario, si es necesario. La terapia, y duración de la misma, estará determinada por el criterio del profesional sanitario que le atiende.
  • La Ley establece que los daños a personas tienen un límite de 70 millones de euros por cada siniestro, aunque la valoración de los daños en cada caso se establecer de acuerdo con el baremo establecido por la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía.

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