La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados de España, viene solicitando desde hace tres meses al Gobierno español ayudas y compensaciones para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia de salud pública, y el consiguiente impacto al sector como actividad esencial sin medidas de reorganización laboral.
El sector se muestra enormemente preocupado ante el riesgo, ya anunciado hace semanas, de quiebra asistencial y financiera y denuncia el abandono del Gobierno actual a un sector que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4% del PIB. Este riesgo se ha agudizado durante el recién finalizado estado de alarma y se manifiesta hoy en la suspensión de pagos, concursos y cierres de pequeños centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes.
Centros sanitarios llenos de personal y vacíos de pacientes
El Gobierno, fundamentalmente a través del Ministerio de Sanidad, ha comprometido en este tiempo una respuesta a la solicitud por ASPE de medidas fiscales y financieras para empresas en una situación extrema: abiertas como actividad esencial, sin pacientes por el confinamiento, con una caída abismal de ingresos y sin medidas de reorganización laboral. Ahora, estos centros afrontan, por lo general, la fase de ‘nueva normalidad’ con un tercio de las consultas que se registraban previamente al estado de alarma, por el miedo al contagio y por las medidas de seguridad y mejor secuenciación de las visitas.
Sin respuesta de Sanidad
El ministro Salvador Illa comprometió a principios de junio en una reunión con el presidente de ASPE, Carlos Rus, una respuesta en 10 días a las medidas específicas para dotar de liquidez y fiscales: compensaciones por la atención de pacientes derivados de la pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos; y un IVA superreducido sobre compras de equipo y suministros sanitarios, con efectos de esta regulación desde el momento de decretarse el Estado de Alarma.
En ese mismo encuentro, el sector solicitó ser considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros. Una vez publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19, se constata la ausencia de avances y la única vía de liquidez proviene de la facultad del Gobierno regional de facilitar ayudas al sector.
En ese sentido, ASPE y la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal) lamentan que la Xunta y el Gobierno central “deriven la responsabilidad de unos a otros” sin alcanzar una solución a los problemas acuciantes de los centros sanitarios, ya que el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, remitió sendas cartas a las dos organizaciones en las que les expresaba “todo el apoyo” para “trasladar al mando único, el Ministerio de Sanidad” las demandas planteadas.
Impacto del sector en Galicia
El impacto del COVID-19 en el sector sanitario privado en Galicia durante los meses más críticos de la pandemia, marzo y abril, se documenta a través de un estudio realizado por ASPE, a nivel nacional y autonómico. El estudio analiza la actividad desarrollada y su impacto en facturación, empleo, costes de aprovisionamiento e inversiones durante el mencionado periodo.
El estudio autonómico se realizó sobre una muestra de 5 hospitales generales con alta incidencia de participación en la COVID-19 y suficientemente representativo para establecer el impacto consecuente en la sanidad privada gallega.
Los hospitales privados gallegos asumieron el 9% de los pacientes hospitalizados y el 7% de los ingresados en UCI. Respecto a la actividad, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa, a causa de la instrucción 6/2020 del Sergas en la que establecía la desprogramación de toda actividad sanitaria no urgente. Así, las intervenciones quirúrgicas descendieron un 82%; las pruebas diagnósticas, un 77%; y las urgencias, un 75%. Las consultas bajaron un 68%; los ingresos hospitalarios, un 65%; y los ingresos UCI, un 62%%.
Contratación de personal
En cuanto a la contratación de personal, a pesar de las dificultades expresadas, el 100% de los centros contrataron nuevos profesionales durante la crisis.
Inversiones relacionadas con la COVID-19
Los hospitales gallegos participantes en el estudio han llevado a cabo inversiones relacionadas con la COVID-19 por un valor superior a los 435.000 euros y han cancelado o retrasado inversiones por un valor estimado de 6,5 millones euros.
Incremento de precios en material sanitario
El importe destinado a la compra de material sanitario relacionado con la COVID-19 en estos hospitales, se ha incrementado un 39% respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019. El caso más extremo es el de las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio se ha incrementado un 1.476% con respecto al precio existente en diciembre de 2019.