La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP)ha exigido a las comunidades autónomas que facturen a las compañías aseguradoras por la atención sanitaria a las víctimas de accidentes de tráfico y que ésta se haga a “coste real”, ya que considera que el sistema de facturación en los Convenios de Tráfico de los servicios públicos de salud autonómicos que incumple la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos.
En un comunicado de prensa, la FNCP recuerda que el artículo 16 de la Ley General de Sanidad se establece que “la facturación por atención de estos pacientes será efectuada tomando como base los costes efectivos”. En los mismos términos se manifiesta el artículo 25.1 de la Ley de Precios Públicos cuando establece que la cuantía de “los precios públicos se determinarán a un nivel que cubra, como mínimo, los costes económicos originados por la realización de las actividades o prestación de los servicios …”.
Sin embrago, la FNCP denuncia que existen comunidades autónomas que están facturando a las compañías aseguradoras tarifas establecidas mediante módulos predefinidos que están muy por debajo, no sólo del coste real de la asistencia sanitaria, sino también de los precios públicos establecidos por las propias CC.AA.
Cristina Contel, Presidenta de la FNCP, resaltó en la jornada Nueva Gestión Asistencial de los Accidentes de Tráfico, organizada por la FNCP el pasado mes de mayo, que “no se están facturando a las aseguradoras, por parte de la Sanidad Pública, los costes reales de la asistencia sanitaria a los accidentados de tráfico, con el grave perjuicio que esto supone para la Sanidad Pública. Además, genera una peligrosa situación de competencia desleal para con la sanidad privada”.
Para la Federación, situaciones como ésta, hacen necesarios cambios y precisan urgentes reformas en la legislación y en los actuales convenios que regulan la atención a accidentados de tráfico, para cumplir con la actual normativa española y adaptarse a unos nuevos sistemas que garanticen la plena liquidación de los gastos sanitarios, en los que se pague lo que cueste la asistencia.
Además de las irregularidades en materia económica, el sistema de atención por “módulos” produce otras situaciones desfavorables para los propios pacientes, ya que en muchas ocasiones se les ofrece un tratamiento estandarizado independientemente de su situación particular e incluso en contra de la opinión del facultativo que le atiende. Vulnerando las previsiones legales vigentes para la asistencia a los lesionados de tráfico, establecida para garantizar su calidad y eficiencia, así como para evitar que la atención sanitaria se vea influida por criterios económicos.
Las víctimas de un accidente deben saber que son libres de elegir el profesional y el centro médico en que serán tratados de sus lesiones, ya sea público o privado, y deben exigir un tratamiento personalizado y adaptado a su caso concreto, a sus circunstancias y a su capacidad de recuperación, marcado únicamente por su médico responsable.