El informe forense elaborado por KPMG estima en 13,3 millones de euros las pérdidas que sufrieron los centros hospitalarios por la “puesta a disposición” de la Administración pública
Los hospitales que forman parte de Ahosgal han adoptado esta decisión para “defender sus derechos”, tras agotar todas las vías para alcanzar una solución con la Consellería de Sanidade
Los hospitales de gestión privada de Galicia han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Consellería de Sanidade para reclamar que abonen los “daños y perjuicios causados” por la intervención de los centros sanitarios durante el Estado de Alarma, que les obligó a estar a disposición del Sistema Público de Salud, con todos sus medios “personales y técnicos al completo”, pero no pudieron desarrollar su actividad normal porque el Sergas les obligó a “suspender o aplazar” la actividad programada.
El recurso, presentado por 10 de los 12 hospitales que formaban parte la Asociación de Hospitales de Galicia en ese momento, solicita la indemnización individualizada después de que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) no haya respondido a la reclamación administrativa presentada por estos centros privados en marzo de 2021, en la que demandaba el abono de los daños causados por la “puesta a disposición” durante el Estado de Alarma.
Los demandantes consideran que la “desestimación” de esta reclamación por “silencio administrativo” es “contraria a derecho” por lo que han decidido interponer el recurso administrativo para defender sus derechos.
Para determinar las cuantías de los daños causados, Ahosgal solicitó un “Informe de Experto Independiente” a la auditora KPMG que concluyó que el perjuicio económico sufrido por los centros sanitarios asciende a 13,3 millones de euros por la obligada puesta a disposición y la paralización de la actividad asistencial normal y ordinaria durante el periodo del 15 de marzo al 21 de junio de 2020.
Para calcular la indemnización individual que corresponde a cada hospital, los expertos de la empresa auditora evaluaron el “lucro cesante”, los rendimientos que los centros dejaron de percibir durante el Estado de Alarma; y el “daño emergente”, ocasionado por las medidas adoptadas por la Administración pública.
Los hospitales gallegos de gestión privada han apoyado desde el primer momento la decisión de ponerse “a disposición” del Sistema Público de Salud, así como la “reordenación asistencial” impuestas a consecuencia de la pandemia, aunque defienden que la Administración sanitaria gallega, como autoridad competente en la toma de decisiones, debe indemnizar a las empresas por el “sacrificio patrimonial” y “daños y perjuicios sufridos”.
En este sentido, Ahosgal recuerda que han recibido instrucciones precisas de la Consellería de Sanidade para mantener las plantillas al completo y a pleno rendimiento para estar “a disposición” del Sistema Público, además de tener que “suspender o aplazar” la actividad de los centros privados, lo que motivó una caída notable de la asistencia normal y sanitaria. Asimismo, se les impidió acogerse a ERTES o conceder vacaciones al personal, una solución a la que sí han podido acceder empresas de otros sectores económicos.
Falta de voluntad
La Asociación de Hospitales considera que la reclamación es consecuencia de la “falta de voluntad” de la Consellería de Sanidade para resolver las demandas de los centros sanitarios, a pesar de los “numerosos esfuerzos” para llegar a un acuerdo. Desde la declaración del Estado de Alarma y después de varias “peticiones de diálogo” y la “reclamación administrativa” presentada el mes de marzo de 2021, el conselleiro de Sanidade mantuvo el pasado mes de agosto una conversación por vídeo conferencia en la que se comprometió a “buscar una solución”.
Sin embargo, los hospitales no han recibido ninguna propuesta ni antes ni a partir de ese momento. En este sentido, la Asociación recuerda que otras comunidades como Madrid, Cataluña, Baleares, Navarra o Canarias han encontrado “soluciones” para esta situación. Recientemente, el Gobierno de Murcia acordó el pasado 29 de diciembre establecer una “indemnización de carácter excepcional y urgente” para los hospitales privados por la “puesta a disposición” durante la pandemia.